Buenas, con tanta mala noticia y malos augurios, me viene asaltando una gran duda, sobre la que os propongo reflexionar en esta entrada: fué Napoléon el que dijo lo de que "discutir en el peligro es apretar el dogal" (el dogal es la cuerda de la horca), pero yo tengo un contínuo comecome sobre qué postura tomar, y, lo siento, os lanzo la reflexión:
Ante el actual panorama de múltiples peligros, hay un debate general sobre la posición a mantener en la defensa de los servicios, máxime en el caso del nuestro. Estas posturas podrían resumirse en tres:
- Pedir la ampliación del Sistema de Servicios Sociales, dado que la situación actual así lo refleja (aumento del desempleo y de la demanda, etc).
- Hacernos fuertes en el mantenimiento de lo existente en la actualidad.
- Defender un acuerdo de mínimos, es decir, pensar "qué es lo menos malo": establecer líneas rojas que no se deberían cruzar y salvar de la quema lo que estimamos es lo esencial.
Y me viene a la cabeza cuando hablamos de "prevención, modificación o contención" en la intervención social... pero, vamos, lo importante:
Yo soy de la idea que debemos adelantarnos al recorte, y proponer NOSOTROS las medidas a tomar, pero reconozco que me genera un problema de conciencia, porque me siento un poco traidor a la causa. También creo que nos pasa a todos un poco: "de puertas afuera" mantenermos un discurso de máximos, pero "de puertas adentro", de mínimos ¿o no? Y, claro, de tomar por buena esa postura, ¿quien le pone el cascabel al gato? ¿quién propone dónde y cómo?
La opinión pública repite diariamente que HAY QUE APRETARSE EL CINTURÓN, y claro, fácilmente dirá que tenemos que proponer medidas que aumentasen la eficiencia: hasta aquí, sin problema: pero no podemos usar los mismos eufemismos con los que acusamos a algunos políticos: eso significa recortar en algunos lugares ¿estamos dispuestos? (y algunas medidas conllevarían reducción de personal) ¿No será mejor que las medidas las propongamos nosotros, desde dentro, a que se hagan desde donde no se conoce de lo que se está hablando?.
Sí , proponer esto igual es polémico, pero tampoco vamos a ser tan ingenuos de defender que nuestro sistema, por muy precario que es, no tiene cuestiones a revisar que reducirían los costes del mismo.
Si bien ya existe alguna experiencia, como en el caso de la marea blanca, en la que la AFEM ha propuesto medidas de ahorro, en la actual situación de recorte generalizado, es un debate que creo nos divide un poco, dado que toca el tema de lo ideal, lo ético, el tema de lo salvable... el debate está servido, os dejo con ello, quien quiera, que comente.
Ánimo
Nacho
Mi recomendación musical: "Anything you want, you got it", de Roy Orbison. Me quedo con lo de "lo que quisiste, lo conseguiste".
¡Buen tema el que propones!... y de gran actualidad. Considero que los profesionales tienen la obligación de buscar siempre la calidad y eficiencia en su trabajo. No será fácil ponerse de acuerdo en los contenidos e indicadores de eficiencia y calidad, pero está claro el deber afecta independientemente del contexto. Medicina se puede hacer en un hospital general de una capital desarrollada y en un desierto. No será la misma porque las condiciones y los medios serán distintos. Creo que pasa igual en la intervención social. Los profesionales, como técnicos especialistas, siempre tienen la responsabilidad (y la competencia) de orientar a quienes toman las decisiones sobre la forma de hacer las cosas de manera más eficiente y con calidad a la vez que advertir de las consecuencias a corto y largo plazo que puede tener las rebajas de los medios disponibles.
ResponderEliminarBien, el autor de este blog me ha autorizado a colgar, en este apartado de respuestas, la explicación de las anteriores estrategias propuestas. Ahí van,
ResponderEliminara) Aplicación selectiva del principio de universalidad de los recursos económicos, está siendo aplicada en los países nórdicos de Europa.
Se trata de centrar la atención en las personas con mayor necesidad de servicios.
Desde el plano presupuestario, no hay recursos para todos; así que los Servicios Sociales deben dirigirse solamente a los llamados “económicamente débiles”. Me refiero a los recursos económicos, no a los materiales o técnicos. Es un debate vigente, pero creo que la “universalidad” por sí sola no significa igualdad, ni el hecho de ofrecer servicios “selectivos” para determinados grupos y en determinadas condiciones, significa estigmatización.
b) Priorización de servicios y prestaciones. En la medida en que se vayan definiendo como absolutamente necesarias unas prestaciones con unos contenidos y características determinadas, cabe pensar en que se produzca una reducción en las prestaciones no obligatorias u optativas, por tanto, se racionalizará el presupuesto.
Esto implica que se debe conocer mejor la realidad de cada persona que accede a los Servicios Sociales antes de realizar una intervención social. Para ello:
- se deberían poder comparar los datos en tiempo real y entre todas las Agencias administrativas (central, autonómica y local) y del conjunto del territorio nacional, para facilitar las tareas de apoyo técnico necesarias.
- disponibilidad progresiva de datos. El sistema de protección social se pone en marcha aunque todas las agencias no puedan ofrecer datos de suficiente calidad en ese momento, que irán incorporándose a la intervención de forma progresiva, pero no se podrá diseñar la intervención social definitiva hasta tener todos los datos.
De esta manera, no sólo se evita el posible fraude, sino duplicidades y tener que estar rediseñando intervenciones debido al desconocimiento completo de la realidad de cada personas. (No confundir rediseñar intervención ante los cambios de esa realidad).
c) Desvinculación respecto a la prestación directa o concertada de servicios, fomentando las prestaciones en metálico para la compra de servicios, siguiendo el modelo de Reino Unido y Holanda, e incluso Francia.
ResponderEliminarPor la razón que sea, es más costoso para la Administración pública ofrecer servicios que pagarlos.
d) Incremento de la participación económica de los usuarios.
* En Francia, el usuario abona los costes residenciales en su integridad (unos 1.500 euros). Una ayuda pública financia el 77% del coste de atención social, con lo que 23% corre a cargo del usuario. El Seguro de Enfermedad financia el coste de atención sanitaria (27% del coste, por término medio). El usuario acaba pagando, como máximo, el 61% del coste.
* En Inglaterra, el coste de la atención sanitaria (nursing care) en residencias es gratuito, y el resto del coste depende de la capacidad económica del usuario. Los grupos de mayor renta quedan excluidos. (Aplicación selectiva de la universalidad y racionalización de los gastos y recursos).
* En Escocia se ha optado por la atención social gratuita (free personal care), en función de la cual los costes de atención social y sanitaria son siempre gratuitos (subvención de entre 667 y 997 euros). El usuario paga sólo por los gastos residenciales. La medida ha sido evaluada positivamente, y ha supuesto un incremento del SAD, que es ahora en gran parte gratuito.
e) Establecimiento de impuestos vinculados al gasto en servicios sociales:
Ejemplos:
* En Francia existen unos 30 impuestos vinculados al gasto social, entre ellos la contribución social generalizada, con los que se financia el 21% de la protección social. Entre los que se encuentra la Jornada de la solidaridad en Francia: desde 2003, se
suprime un día de fiesta del calendario laboral (creación de valor añadido) y los empresarios abonan un 0,3% adicional de la base de cotización. Los fondos (un 0,11% del PIB) se destinan al sistema de atención a la dependencia, financiándose un 13% de ese gasto.
* Seguro de dependencia en Alemania: contribución del 1,95% del salario, a partes iguales entre empresario y trabajador.
* Afectación de los ingresos derivados del IVA: derivación de una parte de los ingresos derivados del IVA al gasto social. Esta vía se ha aplicado en Reino Unido, Dinamarca y Alemania.
* Austria han derivado los impuestos sobre el alcohol y el tabaco a los gastos sociosanitarios.
* Dinamarca ha creado una cotización del 8% de los ingresos netos destinada a financiar los gastos de desempleo y los cuidados sociosanitarios de las personas vulnerables, así como, en 2007, un impuesto local equivalente al 8% de los ingresos netos, para financiar las competencias sociosanitarias de las administraciones locales y regionales. El nuevo impuesto sustituye, en cualquier caso, el impuesto regional existente hasta entonces.
* Luxemburgo ha establecido una tasa de de 0,01 euros por cada litro de gasolina y de 0,07% por cada litro de gas para financiar el Fondo nacional de Empleo. Además, el seguro de dependencia de ese país, establecido en 1999, se financia en un 45%, mediante impuestos genéricos, en un 35% mediante cotizaciones sociales específicas (que ascienden al 1% del salario o pensión) y en un 20% mediante un impuesto específico sobre el consumo de electricidad.
- Equivalencia con el céntimo sanitario en Cataluña, Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha, Valencia...
* Suiza destina una parte de los impuestos del juego y del IVA a la financiación de las pensiones públicas. (¿No podría hacerse lo mismo con Eurovegas?)
* Lienchestein ha establecido un impuesto sobre el tráfico de camiones por carretera con el cual financia en parte las prestaciones de vejez y dependencia.
Eso es todo. Siento haberme extendido tanto, pero si esto sirve para crear un debate que genere nuevas ideas, perfecto.